Magistrados resuelven de forma discriminatoria y en contra de la ley.

El día 4 de junio de 2015 el magistrado José Antonio García Guillén presentó un proyecto de resolución avalado por el magistrado presidente Eugenio Reyes Contreras (ambos pertenecientes al Décimo segundo tribunal colegiado en materia administrativa del Primer circuito) en el que de forma arbitraria, discrecional y en contra de la ley, se negó el derecho a la consulta previa, libre e informada respecto a la Autorización de impacto ambiental emitida por la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal y la Licencia de construcción especial, emitida por la Delegación Xochimilco, para la construcción de un complejo inmobiliario en suelo de conservación del pueblo de Santa Cruz Xochitepec, Xochimilco, D.F.

Entre los argumentos usados por el magistrado José Antonio García Guillén en la sesión pública, se encuentra el que no es posible que haya indígenas en el Distrito Federal toda vez que “aquí las personas ya acuden a la universidad, no hablan un ‘dialecto’ y ya se encuentran totalmente inmersas en un ambiente urbano.”

Aunado a lo anterior, establecieron una distinción injustificada entre la noción de pueblos indígenas y originarios, con lo que además incumplieron el principio de exhaustividad ya que la demanda de amparo incluye un capítulo amplio en el cual se explica porque jurídicamente no existe diferenciación entre las consecuencias que producen ambos conceptos.

El artículo segundo constitucional  es muy claro al señalar que

“Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo conducente los mismos derechos…”

Por otra parte, la definición que otorgan las propias autoridades del Distrito Federal para pueblos originarios es idéntica a la otorgada para los pueblos indígenas. El Programa de fortalecimiento y apoyo a los pueblos originarios de la Ciudad de México, establece que los pueblos originarios son:

“Aquellas colectividades humanas que, por haber dado continuidad histórica a las instituciones políticas, económicas, sociales y culturales que poseían sus ancestros antes de la conquista, la colonización o la creación de las actuales fronteras  del Distrito Federal, poseen formas propias de organización e instituciones económicas, sociales, políticas y culturales ó parte de ellas.”

Además el artículo 2º de la Ley de desarrollo agropecuario, rural y sustentable del Distrito Federal en su fracción IX señala:

  1. Pueblo originario: Los descendientes de las poblaciones que habitaban originariamente el territorio de la Ciudad de México, quienes se autodeterminan pueblos originarios, son aquellos que se constituyen, según el artículo segundo constitucional, como comunidades con una unidad social, económica y cultural, y que conservan sus propias instituciones o parte de ellas, manteniendo una continuidad histórica con los pueblos indígenas existentes al iniciarse la colonialización y que afirman libre y voluntariamente su identidad colectiva como descendientes de los mismos.

Incluso, a nivel internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció en el caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam, en el que estableció que:

  1. Asimismo, la cuestión de si algunos miembros auto-identificados del pueblo Saramaka pueden afirmar ciertos derechos comunales en nombre de la personalidad jurídica de dicho pueblo es una cuestión que debe resolver sólo el pueblo Saramaka de conformidad con sus propias costumbres, y no el Estado o esta Corte en el presente caso. Además, la falta de identificación individual respecto de las tradiciones y leyes Saramaka por parte de algunos miembros de la comunidad no puede utilizarse como un pretexto para denegar al pueblo Saramaka el derecho a la personalidad jurídica.

La resolución -que además va en contra del proyecto original presentado por el magistrado Arturo César Morales Ramírez, en el que se proponía otorgar el amparo-, resulta absolutamente discriminatoria, además de que ignora por completo los criterios y la jurisprudencia nacional e internacional en materia de pueblos indígenas. Resulta indignante que los magistrados les impidan el pleno ejercicio de sus derechos, y que incluso el magistrado José Antonio García Guillén, señale que no hay indígenas “porque en el Distrito Federal las personas ya acuden a la universidad”.

En el Distrito Federal existen 145 comunidades originarias que viven de acuerdo a sus propias tradiciones, usos y costumbres. Los magistrados Eugenio Reyes Contreras y José Antonio García Guillén con su resolución impiden y restringen el efectivo acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos de estas comunidades.

Desde la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco manifestamos que este asunto no ha terminado, y dados los comentarios discriminatorios que emitió el magistrado, se recurrirá ante las instancias correspondientes; además manifestamos que el presente caso del pueblo de Xochitepec será ingresado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Ante la situación de despojo y de violación a los derechos de las comunidades originarias, no claudicaremos en nuestra lucha por la efectividad de lo establecido en el artículo 2º constitucional y en los tratados internacionales.

Tenemos el derecho y las leyes de nuestro lado, por lo que estamos convencidos de que las autoridades tendrán que ceder ante los legítimos reclamos de los pueblos residentes en la capital de la República Mexicana.

Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco.

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