Ley de Cementerios, los puntos clave.

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El 9 de junio fue aprobada por la Asamblea Legislativa la Ley de Cementerios del Distrito Federal. Esta ley ha causado molestia entre los habitantes de los pueblos originarios y los patronatos de los panteones comunitarios. Vamos a dar algunos puntos clave sobre la ley para entender el conflicto actual.

1. La consulta.

El Convenio 169 de la Organización del Trabajo y el artículo segundo constitucional son claros: se debe consultar a los pueblos ante cualquier medida legislativa susceptible de afectarlos directamente. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia ya ha señalado también que la única forma en la que se puede saber si puede haber una afectación real a los pueblos, es a través de la consulta. A la Asamblea Legislativa se le olvidó este requisito constitucional. De la lectura del dictamen relativo al proyecto de decreto por el que se crea la Ley de Cementerios del Distrito Federal, se puede observar con claridad que no fue el deseo de los legisladores establecer mecanismos para asegurar el derecho a la consulta previa a fin de obtener, en su caso, el consentimiento libre e informado respecto a esta ley. Los legisladores se pudieron haber evitado los conflictos, movilizaciones, juicios, etc, si le hubieran dado una leída a la Constitución. Las consecuencias políticas que deriven de la aprobación de esta ley son ahora su responsabilidad.

2. La propiedad de los panteones comunitarios.

Uno de los artículos más controversiales de esta Ley de Cementerios es el 69, que determina que los cementerios “forman parte del patrimonio inmobilario del Distrito Federal”.

Aquí hay que aclarar algo. En los pueblos originarios del Distrito Federal existen panteones comunitarios, y varios de ellos son incluso anteriores a la formación del estado mexicano, como el de Santa Cruz Xochitepec, en Xochimilco, que fue construido por la comunidad desde 1794. Por otra parte, se debe resaltar que han sido los propios habitantes de los pueblos quienes han aportado recursos económicos, tiempo y esfuerzos para levantar sus propios panteones, sin depender de los gobiernos. Ahora, con esta disposición de un tajo se elimina esta propiedad comunal de los cementerios y se vuelve una propiedad del Distrito Federal, sujeta a reglas que no son las que libremente han escogido las comunidades de la ciudad.

En las asambleas públicas que se han realizado para dar a conocer esta Ley de Cementerios se ha hecho especial énfasis en la propiedad comunal de los bienes de los pueblos. Se ha dicho que las plazas cívicas son del pueblo, así como los panteones y los recursos naturales. Es necesario mantener esta propiedad colectiva, frente a los intentos privatizadores que pretenden imponer el lucro personal antes que la solidaridad entre los habitantes de una zona. En las asambleas se ha sido contundente: los panteones son propiedad de los pueblos y ningún gobierno se los va quitar.

3. Las reglas a las que quieren sujetar a los panteones.

El artículo 11 fracción IV señala que los panteones comunitarios son aquellos que “se regirán de acuerdo a los principios generales de la presente ley”. Entre esos principios encontramos:

II. Fomentar la modernización de los cementerios en concordancia con las políticas y estrategias de desarrollo urbano y social de la ciudad.
IX. Fomentar la cremación de restos humanos.

Podemos observar que esta disposición reconoce la existencia de los panteones comunitarios pero no reconoce la plena capacidad de los pueblos de administrarlos de acuerdo a las reglas y principios que ellos mismos decidan en ejercicio de su autonomía.

Si el gobierno del Distrito Federal desea que se fomente la cremación de los restos humanos(que en todo caso no es la costumbre en los pueblos) bien lo puede hacer únicamente en los panteones oficiales, que cuentan con más del 80% del total de capacidad de los cementerios. El GDF argumenta la falta de espacio, pero ese problema no se resuelve afectando la autonomía de los pueblos originarios.

4. Los panteones comunitarios ,en la incertidumbre.

Los panteones comunitarios están en la incertidumbre porque para el gobierno del Distrito Federal, sin ninguna razón, estos son panteones oficiales, dentro de la categoría de civiles vecinales. Es decir, el Gobierno del Distrito Federal los sigue considerando como de su propiedad, aún cuando se trata de lugares históricos en los cuales fueron los mismos integrantes de las comunidades quienes los levantaron con sus propios recursos. La nueva ley no hace ningún señalamiento, ni siquiera en sus artículos transitorios, sobre la existencia de los panteones comunitarios o cómo es que el gobierno del D.F. va reconocer esa calidad.

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